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Arturo
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Dos días antes de que el Senado de USA rematara la Ley de Inmigración, Bush dedicó el
martes 26 de junio pasado a visitar el Congreso para usar su reducida influencia y tratar
de salvarla.
Como se sabe, los enemigos de esa ley utilizaron la palabra “amnistía” como bandera de
su campaña. Para ellos, la apertura de una vía legal que diera la residencia y, en su
momento, la ciudadanía, a los doce millones de inmigrantes sin papeles que viven e USA
era una “amnistía” inaceptable que “premiaba” su presencia ilegal en USA.
Tras pasar ocho horas presionando por última vez a los senadores, Bush concluyó el
discurso con el que selló su visita cometiendo un error ya legendario. “Saben ustedes, he
escuchado esa retórica sobre cómo esta ley es una amnistía”, dijo Bush a los promotores
de la ley. “Una amnistía significa que uno debe pagar un precio por haber estado aquí
como ilegal, y  esta ley hace eso”. Con esa gafe monumental puso la lápida a una ley
cuya “muerte” cambia totalmente la imagen de la democracia formal norteamericana que
permite la existencia de doce millones de “fantasmas” dentro de sus fronteras.
Incapaces de legislar un compromiso que permitiera una solución justa y civilizada para
una situación que muchos ciudadanos califican de “inaceptable” e “insoportable”, los
legisladores federales de Washington han dejado el problema de los ilegales a los
gobiernos estatales, provinciales y municipales del país.   
Y así es como la situación de los ilegales se ha convertido en una cacería de brujas que
será más o menos cruel según lo decidan los gobernadores de cada estado y las
autoridades de condados y municipios. Sin una ley federal, cada autoridad de mayor o
menor rango puede emitir y ejecutar su propia “ley” contra los inmigrantes.
El efecto final es que los ilegales son convertidos en “criminales” y como tales son
perseguidos, apresados y deportados sin derecho a defensa legal alguna: la ley federal
que debió regir esas operaciones ha sido suplantada por diversas medidas y
regulaciones locales que pueden no ser constitucionales pero se aplican según el
capricho de cada alcalde, comisionado policial o gobernador.
Un resultado de esta persecución es la destrucción de las familias de los niños nacidos
en USA cuyos padres no tienen papeles y fueron o serán deportados a poco de ser
capturados. Los niños se quedan, los padres se van.
Otro resultado pone en evidencia el racismo de la sociedad norteamericana: la
persecución de ilegales ignora a los europeos ilegales, a los indios de la India, los
asiáticos en general y muchos profesionales sin documentos. Esto es, es una operación
dirigida contra los latinos y, entre ellos, principalmente los pobres; y entre ellos, los
mexicanos y los centroamericanos.
No menos de 62 inmigrantes murieron en celdas federales, según la revista de
circulación nacional The Week. Más de 27.500 permanecen en celdas federales, locales,
cárceles privadas y otras celdas mientras se decide qué hacer con ellos. Los familiares
de los muertos dijeron al New York Times que no conocen las circunstancias en que sus
parientes murieron. Young Sook Kim,  una coreana de 60 años, murió en una celda de
Albuquerque de cáncer pancreático porque se le negó atención médica a pesar de
repetidas solicitudes de otros detenidos, dice The Week.
Como se sabe, el presidente de México solicitó hace algunas semanas que la “seguridad”
de México quedara en manos de USA, es decir, renunció a la soberanía de su país en un
par de frases. ¿Cómo podrá defender ahora a sus compatriotas, cazados en USA como
liebres?
Pero los doce millones de “criminales” cuya presencia en USA se distinguió desde hace
décadas por el respeto a la ley, el pago de impuestos como deber religioso y la
protección de la familia como cualidad principal no pueden desaparecer en un instante,
por mucho que hubieran aprendido a hacerse “invisibles” en la sociedad que los explota.
Es posible que algunos entre ellos, pues que son tratados como criminales, decidan
hacerse criminales de hecho antes de entregarse sin resistencia a una fuerza policial que
todos, legales e ilegales, temen y desprecian pero casi nadie respeta. Sin esperanza de
vivir algún día bajo la protección de la ley y en la necesidad constante de proteger a su
familia, ¿no será ésta una salida “natural” para muchos de ellos?
La opinión general entre los poderosos en Washington es que una nueva Ley de
Inmigración no aparecerá ni se debatirá sino después de que se elija a otro presidente.
Hasta entonces, la cacería de “criminales” llegados desde América Latina en busca de un
techo y un pan para sus hijos continuará sin cesar.

 
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Doce Millones de “Criminales”
Julio 07